El uso de expresiones como "idiota", "imbécil" o "débil mental" en normativas oficiales es inaceptable y constituye una vulneración directa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en nuestro país. Estas terminologías refuerzan estereotipos dañinos, profundizan la discriminación y contradicen los principios de respeto y dignidad que deben guiar todas las políticas públicas.

Además, la revisión de pensiones bajo criterios médicos restrictivos ignora el enfoque social de la discapacidad, desconociendo las barreras estructurales que limitan el acceso de las personas con discapacidad al mundo laboral. No se trata de evaluar "invalidez", sino de garantizar condiciones equitativas para el ejercicio pleno de derechos.

Exigimos la inmediata derogación de la resolución 187/25 y del decreto 843, así como la apertura de un proceso de diálogo con las organizaciones del sector para diseñar políticas públicas que respeten la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad.

No podemos permitir que el Estado argentino avale prácticas que refuercen la exclusión y la desigualdad. La discapacidad no es sinónimo de incapacidad, sino de diversidad, y debe ser abordada desde una perspectiva de derechos humanos, accesibilidad y apoyo, no desde la estigmatización y el prejuicio.

Secretaría de Educación Especial.