Se trata de trabajadores que se desempeñan en las aulas y con sectores vulnerables, que recibieron muestras de reconocimiento en sus ámbitos laborales y que permanecen imputados en una causa caracterizada por una práctica procesal improcedente.
Tal como lo señalaron las abogadas defensoras de APDH y del CeProDH, el trámite de esta discusión se debe dar en el ámbito laboral y no penal.