La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos. Su práctica generalizada o sistemática constituye un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible, frente al cual los Estados deben garantizar políticas de memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto, así como medidas de no repetición.