La docente solicita un traslado interjurisdiccional, de manera excepcional, debido a que la persona que había ejercido violencia doméstica (en lo que hoy llamamos intento de femicidio vincular), luego de varios años, intenta restablecer comunicación con una integrante de la familia menor de edad.

El Ministerio de Educación le niega el traslado argumentando que existe una normativa dictada por el Consejo nacional de Educación que dice que solamente personas que posean un cargo de base podrán acceder a dicho traslado. En este momento la docente está ejerciendo como vicedirectora de una escuela y dicho cargo no estaría siendo considerado por ellos como cargo de base.

Siguiendo los canales institucionales y legales, tanto en la Regional Rosario, como en la sede central del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, se hace una revocatoria de tal medida  observando la falta de voluntad de esa Administración para remover obstáculos que permitan abordar la cuestión de fondo y comenzar a ponerle fin a la situación de violencia de género por la que está atravesando la docente y su familia, invocando legislación nacional e internacional referente a la prevención y erradicación de la violencia de género. Al día de hoy no hemos tenido respuesta al respecto.

Mientras tanto hemos acudido a la Subsecretaría de Políticas contra la Violencia por razones de Género del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, quienes nos han recibido, tomando el caso, reconociendo la gravedad del mismo y realizado actuaciones que, según tenemos entendido, no han llegado a buen puerto.

Entendemos que nuestra reglamentación se encuentra desfasada en cuanto a violencia de género.

Así como en su momento este caso significó el puntapié inicial para lograr que el artículo 60 fuera otorgado en estas situaciones y se dejara de abordarlas como un tema de salud, necesitamos que la reglamentación se ajuste a la legislación vigente en materia de género.

Hacemos hincapié en que el Estado está obligado a adoptar un rol activo en la promoción de la igualdad, en el plano preventivo, sancionador y reparador; que una norma interna al Ministerio no puede estar por sobre la Constitución Nacional, por sobre leyes nacionales ni por sobre tratados internacionales a los cuales subscribe la Nación Argentina. Y exigimos que el Ministerio de Educación adopte una mirada con perspectiva de género y responda, de manera urgente y favorable al pedido de la docente porque la situación es de extrema gravedad y así lo amerita y no puede esperar los plazos necesarios para la modificación de la reglamentación

Desde el año 2014, compañeras de diferentes comisiones directivas de AMSAFE Rosario hemos venido tomando el caso y acompañando, con distintas acciones a la docente y lo seguiremos haciendo hasta estar segurxs que su integridad física y mental y la de su familia no se encuentren en riesgo. Cada negativa, cada demora y cada instancia burocrática que tiene que atravesar tiene efectos indeseables en su salud.

Consideramos que es una falta de voluntad política lo que obstaculiza la decisión, que muestra cómo los resortes del estado abonan a un sistema patriarcal que sigue violentando a las mujeres y disidencias. Y hacemos responsables al ministro Víctor Debloc como titular del Ministerio de Educación y al gobernador Omar Perotti como autoridad política máxima en la provincia de Santa Fe, de cualquier daño que pudieran sufrir tanto la docente como su familia.

Compartimos la repercusión medíatica