Natalia Cachiarelli denunció hace seis años el abuso de cinco menores por parte de dos adultos de un mismo núcleo familiar. Como consecuencia, la psicóloga recibió varias amenazas de muerte por parte de personas implicadas en el caso. Por entonces, denunció la falta de protección por parte de la repartición oficial, además de otras irregularidades.
El caso nos remite al de la compañera docente Vanesa Castillo, víctima de femicidio, después de denunciar el abuso de una niña de 11 años alumna de su escuela, que además estaba cursando un embarazo. A raíz de lo cual se elabora y se impulsa desde Amsafe, Ate y Siprus, la ‘Ley Vanesa’ de protección de infancias y adolescencias víctimas de vulneración de derechos como así de los trabajadorxs provinciales estatales comprometidos con estas situaciones.
En 2021, Cachiarelli fue trasladada a Rosario donde cumplió funciones en la Secretaria de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, allí fue parte del armado del Programa de Femicidios de la provincia, hasta el momento que fue cesanteada del Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad, no solamente el Estado no la protegió ni la amparó sino que la revictimizó con una inexplicable e injusta cesantía.
Por ello, exigimos el inmediato regreso a funciones de ambas trabajadoras, el cese de las violencias y hostilidades de las respectivas patronales estatales.