Es necesario que el gobierno avance en la implementación de la ley luego de 4 largos años de espera, (recordemos que fue sancionada en el año 2019) pero consideramos que la modalidad de cursado parece más una formalidad para deslindar responsabilidades ante cualquier situación que un curso comprometido con la realidad que busque concientizar y aportar herramientas para resolver situaciones concretas de violencia de género.

Además, la capacitación no puede depender de la disponibilidad de cada compañerx, es responsabilidad del Estado garantizarla brindando el tiempo y los recursos necesarios. Por eso la capacitación debe ser en servicio, con modalidad presencial, en cada escuela, respetando los horarios laborales, sin alumnxs y con formadorxs especializados. Para poder analizar, intercambiar y debatir dentro de las mismas escuelas, entre compañerxs y con lxs formadorxs, haciendo dialogar la teoría con las situaciones concretas que vivimos.

El compromiso se logra haciendo dialogar teoría con realidad y para eso no hay nada mejor que la presencialidad, poniendo el cuerpo. Las pruebas estandarizadas no sirven.