No queremos otra vez ser lxs trabajadorxs lxs que pagamos políticas de ajuste desacertadas, sobre todo lo que concierne a nuestra salud.

Más de 100 mil compañerxs en toda la provincia ven afectados sus derechos a una rehabilitación, a una licencia, a una adecuación de tareas, a una justa indemnización, y en casos extremos, a una jubilación.

Si tenemos en cuenta que son patologías adquiridas en el lugar de trabajo y que están atadas ineludiblemente a las condiciones socioambientales y edilicias, es el estado provincial el que tiene toda la responsabilidad de solucionarlas y atenderlas de forma urgente. Y en este caso en particular, nuestro Ministerio de Trabajo provincial.