Consideramos que el acompañamiento a las trayectorias ha sido una demanda histórica de estudiantes y docentes de los IFD que se ha visto potenciada producto del impacto de la pandemia y las políticas educativas tomadas en relación a ella.

Creemos imprescindible la creación de instancias y cargos de dedicación específica, pero vemos en la convocatoria ministerial una medida que no contempla los requerimientos de acompañamiento a largo ni a corto plazo (se proponen dos meses siendo que las mesas de examen son hasta marzo).

A su vez, establece un criterio general que no observa las peculiaridades de los institutos, por ejemplo, la matricula, convocando dos agentes por instituto más allá de que sean 100 o 1500 estudiantes.

En tercer lugar, el ministerio de educación se sirve del escalafonamiento ordinario y del sistema de acumulación de horas docentes para convocar y seleccionar, pero luego introduce un instrumento de precarización laboral y privatización al exigir la facturación por monotributo por parte de las y los docentes designados como si fuéramos prestadores de servicios educativos.

En distinta medida vemos como la convocatoria no da respuestas a necesidades estudiantiles, vulnera derechos laborales de las y los trabajadores de la educación e incorpora la noción de prestadores de servicios educativos en el sistema público provincial.

Rechazamos este tipo de convocatorias y exigimos que la propuesta contemple las múltiples realidades educativas y respete el derecho y las reglamentaciones vigentes.

Esto genera un grave precedente y se enmarca en una clara política de precarización laboral de la docencia en general.