En el año 2017, cuando llevaban varios meses sin cobrar su salario, rechazaron una Conciliación Obligatoria que en forma ilegítima e ilegal pretendieron imponerle para quebrar la justa lucha. Aprovechando un Poder Judicial subordinado al poder político, el gobierno avanzó con un juicio al sindicato y hoy pretende cobrarle un monto que supera los $12 millones sumando la multa y las costas del juicio.

Sin duda se trata de un ataque a la organización gremial, un nuevo intento por disciplinar a una organización independiente, democrática y plural.

Basta de aprietes a la ADOSAC. No al intento de desfinanciarla.

Vaya el apoyo de la docencia de Amsafe Rosario a los compañeros y compañeras de Santa Cruz.