Nuestra región está en el centro de la crisis. Los cuatro indicadores propuestos por los especialistas dan en rojo y por eso se define como situación de “alarma”. Desde hace ya varias semanas la Ministra de Salud Martorano viene advirtiendo sobre la gravedad del cuadro en nuestra provincia.

De acuerdo al DNU firmado a nivel nacional corresponde que en nuestra región se suspenda la presencialidad escolar por tres semanas.

Como ya nos tiene acostumbrado, el gobernador Perotti salió en forma tardía y confusa a anunciar las nuevas medidas de restricción en Santa Fe. En particular dispuso el cese de la presencialidad en Rosario y San Lorenzo por apenas una semana y excluyó a la educación especial. Habló de “500 mil alumnos” sin vínculo pedagógico el año pasado; en realidad el número oficial es de 50 mil, pero quizás el error pone al descubierto la falta de compromiso y claridad con las políticas educativas necesarias en estos tiempos de crisis.

De acuerdo a las definiciones de los especialistas las restricciones para ser eficaces no deben ser menores a 14 días. Nada hace prever que la situación pueda mostrar números diferentes en apenas 7 días.

Entendemos la particularidad de la modalidad especial. Pero allí hacen falta respuestas integrales hacia la discapacidad y a esta modalidad y no simplemente sostener sin explicitar ningún fundamento que quedan excluidas de este cese de la presencialidad.

Tampoco ayuda la Circular N° 7 que, siguiendo las lógicas ministeriales de esta etapa, empezó a conocerse pasadas las 23 horas del domingo.

Rechazamos que, frente a la suspensión de la presencialidad, se exija la asistencia del personal vacunado. La presencialidad debe ser la mínima indispensable. Resulta contradictorio alentar una mayor circulación cuando las tareas vinculadas a la continuidad pedagógica se pueden garantizar mejor en muchos casos desde los propios domicilios del personal docente.

La mejor continuidad pedagógica en estos tiempos tan difíciles se logra con recursos económicos, con más fondos destinados a las escuelas públicas y con orientaciones pedagógicas claras. Volvemos a exigir a las autoridades provinciales y nacionales que garanticen la conectividad y los dispositivos necesarios para transitar de mejor manera el proceso educativo en estos tiempos.

Reafirmamos por otro lado la continuidad de todas las dispensas 500 y de lxs docentes reemplazantes.

El gobernador habló de un 98% de docentes vacunados; sin embargo, días pasados presentamos un listado de casi 3000 compañerxs (en su gran mayoría reemplazantes) que no han recibido aún la primera dosis. Reclamamos que en forma urgente sean incorporados al programa de vacunación. Al igual que la necesidad de que el Gobierno Nacional tome las medidas necesarias que garanticen vacunas para el conjunto del pueblo.

Queremos ser claros: estamos en un momento complejo que nos exige respuestas precisas de un gobierno que evidentemente no está dispuesto a dar. Lxs docentes sabemos de la importancia de la presencialidad; pero exigimos una presencialidad segura, que garantice todas las condiciones epidemiológicas (que al decir de la Ministra de Salud no están dadas) para resguardar la salud de toda la comunidad.

Defendemos la salud, la escuela pública y nuestros derechos como trabajadorxs.