Rafael Crispín, trabajador desocupado organizado en el Polo Obrero, fue detenido en el marco de un operativo represivo de la Bonaerense en el barrio matancero La Nueva Unión.

Rafael es uno más de los miles de trabajadores desocupados, que en el marco de la pandemia tuvieron que dejar de pagar el alquiler, quedándose sin un lugar para vivir junto a su familia.

Junto a otros vecinos se organizaron en la recuperación de un predio abandonado hace muchos años deviniendo en un basural a cielo abierto, donde antes de que sea ocupado era territorio de narcos y desarmaderos, y en donde hasta se hallaron cuerpos de personas asesinadas por las mafias que operan de la mano del narcotráfico.

Como resultado de la represión policial librada contra los vecinos, se le abrió una causa armada por el fiscal José Luis Marotto y por la policía, bajo la imputación de “Tentativa de Homicidio” contra un funcionario policial, que tiene el propósito de aleccionar la lucha de los vecinos y vecinas del barrio.

La animosidad del fiscal no tiene límites, intentando incluso incorporar al expediente un sumario de antecedentes penales que daba cuenta de un raid delictivo de una persona que nada tenía que ver con Rafael Crispín, lo que fue desestimado en una audiencia reciente. Ahora el Juzgado de Garantías N° 3 de La Matanza deberá resolver sobre la situación procesal de Rafael.

En el último año -pandemia mediante- el problema de la vivienda se agudizó, porque la crisis social incorporó dos millones de nuevos pobres, que no pudieron volver al mercado laboral, y la inflación escaló a pasos agigantados. El sostenimiento de un alquiler (una pieza de 3×4 puede costar desde 7 mil a 10 mil pesos) resulta insoportable para los magros ingresos de las familias obreras, que no superan los 20 mil de un salario mínimo, vital y móvil.

Nos solidarizamos con Rafael Crispín, su familia y su organización. Decimos, basta de represión y criminalización de la protesta. Por el derecho a la tierra y la vivienda.

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