Por esta vía, el gobierno queda habilitado para abrir sumarios administrativos a lxs empleadxs públicxs que infrinjan la cuarentena. Los sumarios, como sabemos, pueden ser la antesala de los despidos de lxs trabajadorxs de planta permanente y, para aquellos que trabajan bajo contrato podrían implicar el cese de los mismos.

El gobierno, que cierra unilateralmente la paritaria y hasta pone en duda el pago de los salarios y las jubilaciones, lleva adelante con este decreto un reforzamiento del poder punitivo del Estado y un intento también, por impedir y regimentar cualquier iniciativa de lucha que en el marco del fuerte ajuste que está implementando, implique ocupar el espacio público.

Estamos ante un ataque grave a lo que representan los convenios colectivos de los trabajadores estatales.

Por otra parte, el decreto inhabilita también a incorporar personal que cuente con el antecedente de violar el aislamiento social. En este punto, la referencia jurídica a la que alude el estado respecto a “la conducta intachable exigible a quienes aspiran a revistar como servidores públicos”, para llevar adelante esta avanzada, contrasta con las revinculaciones de personal policial apartado por delitos graves, que permite el mismo estado. Estamos ante una impostura absoluta para encubrir un ataque contra los derechos de docentes y estatalxs.

Denunciamos la actitud autoritaria del gobierno provincial contra los sectores de trabajadorxs que más comprometidos están en el combate contra la pandemia del Coronavirus y exigimos la inmediata derogación de este decreto que apunta claramente a atacar nuestro derecho a la protesta y nuestras organizaciones gremiales.