Este recorte se da en conjunto al veto de otras tres leyes que aducen “cuestiones que podríamos denominar técnicas” a revisar. Por lo cual debemos preguntarnos; ¿Quiénes van a revisar dicha ley? ¿Qué plazos podríamos preveer para la implementación de una ley que ya viene siendo demorada? ¿Por qué una ley, que tiene por objetivo revalorizar la cultura popular se redacta, y ahora es “revisada” sin la participación de algunxs de sus principales protagonistas, docentes, formadorxs y toda la comunidad educativa?,
¿Cómo denominar sino ajuste a un veto que cercena el derecho de los y las alumnas de las escuelas más desfavorecidas, tanto social como geográficamente por acceder a una “disciplina”, por llamarla de alguna manera, que según el propio texto de la ley posibilita una educación emancipadora solo por el hecho de no querer financiar su implementación (cargos, carga horaria, etc.)
Toda la comunidad educativa en su conjunto reconoce la desvalorización sufrida en las áreas artísticas en todos los niveles de la educación pública y la precarización del trabajo docente en la misma.
Sin embargo,
porque definimos la cultura popular y folclórica como viva, en movimiento y colectiva y no como el estudio museológico de postales consagradas por especialistas,
tomamos posicionamiento y exigimos respuestas concretas de parte del gobierno actual ante estas medidas.
Por una participación democrática en el armado de la ley de todos los sectores involucrados.
Por un espacio curricular donde se promueva parte de la identidad característica de nuestra cultura popular implementando nuevas formas pedagógico-educativa.
Para que la obligatoriedad no sea para lxs estudiantes, sino para que el Estado se comprometa en la promoción y financiamiento de instancias de desarrollo de la cultura de nuestras infancias.