Como trabajadores/as del campo de la educación, comprometidos/as con jerarquizar la formación de los y las futuros/as docentes valoramos como un derecho conquistado por nuestra lucha la realización de concursos. Sin embargo, desde el año 2008-2009, quienes ingresamos en el nivel no hemos tenido la posibilidad de concursar.  No obstante, en un contexto laboral incierto, damos cuenta de nuestra función no sólo acompañando la formación de los estudiantes sino también desde la producción académica, la gestión de espacios en las carreras, la extensión a la comunidad y la actividad institucional. Entendemos que, como cualquier trabajador/a, hemos ganado el derecho a la estabilidad laboral. Llamativamente, el gobierno y el gremio provincial, desoyendo asambleas de base en los Institutos que rechazaban criterios eliminatorios, acordaron unas bases de concurso en sentido contrario.

El sostenimiento de la actual instancia concursal no solo deja de lado el derecho a la estabilidad laboral, obstruyendo cualquier posibilidad de articular concurso y estabilidad para quienes nos venimos desempeñando desde hace años. Tampoco posibilitó debatir sus bases y mecanismos de implementación. Esta instancia fue un simulacro muy confuso en el que la mayoría de los docentes no pudimos participar y nuestras voces no fueron escuchadas.

Desde el discurso oficial, y en colaboración con el gremio provincial, la retórica imperante frente a este concurso se muestra exitosa, sin errores, homogénea y sin fisuras donde unos pocos parecen estar disconformes y la gran mayoría se muestra agradecida por la oportunidad que este concurso le ofreció.

Frente a las valoraciones de éxito que irónica y neciamente sostienen el gobierno, Amsafe provincial y el Jurado respecto al desenvolvimiento y resultados del proceso concursal, nos preguntamos, ¿QUÉ NOS DEJÓ ESTE CONCURSO?

El relato de nuestras/os compañeras/os expresa que la vivencia del concurso produjo un malestar tangible en todas las etapas que vinieron transitando, transformándose en impotencia, y muchas veces en enojo ante la inexistencia de algún tipo de autocrítica o reconocimiento de los numerosos errores, inconsistencias e irregularidades, por parte de quienes lo sustanciaron. 

Este documento da cuenta de una escritura colectiva que fue recogiendo reflexiones y escritos que se generaron al interior del gremio, como también en espacios de intercambio entre profesores.  Es producto de un proceso participativo que se viene desarrollando desde hace más de un año, resultante de reuniones, asambleas masivas, actos, manifestaciones artísticas, intercambios en grupos de estudio, entre otros.  En este sentido, condensa la opinión de una parte importante de los compañeros y compañeras del nivel que buscaron diferentes mecanismos y espacios para poder manifestarse.

Como producción colectiva, señalamos algunas de las irregularidades más notorias:

Respecto a la recepción de sobres:

El proceso de recepción de los mismos bajo Pseudónimos no resguardó la confidencialidad, ya que los sujetos que los recibirán (miembros del jurado) conocían a gran parte de los concursantes (al menos en el Sur)

Respecto a la composición de los tribunales:

No se contempló la especificidad, la trayectoria, la pertenencia al nivel y la idoneidad a la hora de establecer las bases para elegir los miembros del tribunal, se da así la paradoja que quien evaluaba no era titular, y hasta en muchos casos, tenía menos antigüedad que el concursante. Si bien se publicó una nómina general de evaluadores, el concursante no tenía derecho a conocer quiénes eran los miembros del tribunal que lo evaluarían. En el listado figuraban evaluadores que renunciaron y sus reemplazos fueron conocidos finalizada la instancia escrita, o bien nunca fueron informados. Tribunales incompletos a la hora de sustanciar la instancia de defensa oral. No se respetó, en varias oportunidades, lo expresado en cuanto a que los evaluadores tenían que ser ajenos a la región donde se desempeñaban.

Respecto de la etapa de acompañamiento a la escritura:

La instancia de acompañamiento a la redacción de proyectos se limitó a la escucha de conferencias, desatendiendo la complejidad del proceso de escritura en sus dimensiones tanto conceptuales como técnicas.

Respecto de la instancia escrita de oposición:

Los criterios de evaluación de los proyectos de cátedra se desconocían al momento de la inscripción al concurso. Fueron dados a conocer diez días antes de la presentación. Las cuatro categorías sobre las que se evaluaron las diferentes dimensiones de los proyectos con sus ponderaciones, las conocieron los concursantes al momento de las devoluciones.

Los proyectos de cátedra fueron “medidos” desde una perspectiva cuantitativa, sesgada y tecnocrática. Si bien hubo tribunales que fueron claros, comprometidos y responsables en la devolución, muchos efectuaron correcciones confusas, repetitivas y estereotipadas, que daban cuenta de una lectura superficial cuando no, el desconocimiento de la asignatura que evaluaban. Inexistencia de una instancia de apelación para recusar errores.

Respecto de la instancia de defensa oral:

En algunos casos hubo destrato para con los concursantes. En un número importante de casos, los evaluadores que habían corregido los proyectos estuvieron ausentes, siendo reemplazados por evaluadores ajenos incluso a la disciplina. Algunos tribunales se guiaban por un listado de preguntas ajenas al contenido del proyecto de cátedra, ubicando a los concursantes en un lugar de “examen oral” y no de “defensa oral” de sus proyectos de cátedra. Resulta llamativo que muchos proyectos que valorados con regular o insuficiente en el escrito (entre 10 a 100) resultaron ponderados con una nota muy alta en la instancia oral (entre 250 y 300). Consideramos que esta diferencia deja entrever que muchos proyectos pudieron haber sido mal evaluados, contrariamente a lo que sostiene el jurado, que fue resultado de un proceso de revisión y retroalimentación.

Respecto de la evaluación del concurso:

El completamiento de una encuesta on line, no presencial e individual resulta ser contradictorio con la posición que discursivamente el jurado alude respecto de este proceso evaluativo.  Este instrumento implica dar una respuesta individual a un proceso que se dice “de construcción colectiva”.  Desde esta perspectiva, serían pertinentes encuentros presenciales de discusión y debate desde un espacio de apertura que posibilite una respuesta construida entre todos, con las voces de todos, y no sólo de aquellos que ponderan de manera positiva a este concurso.  Este mecanismo de evaluación tecnocrática, está más cercano a la posición del gobierno nacional sostenido en los operativos enseñar y aprender y es contario a lo que se pregona desde Escuela Abierta, donde se apela a la evaluación como un proceso colectivo.

Un proceso concursal requiere responsabilidad, escucha y participación en su organización y sustanciación. De lo contrario, los errores e improvisaciones serán un obstáculo permanente. En este sentido, la conquista de este derecho, se ve vulnerada y amenazada. Las injusticias e incongruencias, dieron cuenta de ello, ya que en ningún momento se reconocieron. Contrariamente a ello, se ocultaron desde un discurso que transformó las irregularidades en aciertos.

Destacamos que no responsabilizamos a todos los integrantes de los tribunales frente a los diversos desaciertos, errores, incongruencias e inconsistencias, sino que consideramos que es una responsabilidad política del Gobierno y del Jurado. Ellos son los que debieron y deben velar por la transparencia y la justicia del concurso.

Además, consideramos que este gobierno ha puesto a los profesores de los IFD en una posición subjetiva de un/a docente que “rinde un examen” y no de un docente que concursa. Otra cuestión que resultaría imperiosa de ser retrabajada desde una reflexión acerca de cómo se llevó a cabo este proceso evaluativo.

Esperamos que los errores se revisen de modo serio y comprometido, si no se seguirán cometiendo los mismos desaciertos en el próximo concurso.

Nos comprometemos a seguir luchando por la estabilidad laboral y los plenos derechos docentes:

• Por una formación docente permanente, gratuita y en servicio
• Contra cualquier intento de mercantilización y privatización de la educación pública.
• Le decimos no al operativo Aprender y Enseñar
• Contra el ajuste y la reconversión educativa
• Por financiamiento para salud y educación y no para el pago de la deuda externa.