Vimos días pasados numerosas movilizaciones y reclamos a lo largo del país en defensa de las pensiones para personas con discapacidad que dan cuenta de la necesidad de enfrentar la definición política de dejar postergadxs a quienes más requieren de diferentes y singulares prestaciones para acceder a la salud, a la educación y para desempeñarse socialmente de la manera lo más autónoma posible.

Más allá de la voluntad que por momentos muestra el gobernador LIfschitz de ubicarse discursivamente en otro lado, la realidad muestra la sintonía de la que hablámos. Nuestra modalidad es un ejemplo claro de eso: a pesar de las múltiples demandas, a pesar de las carencias en muchas escuelas, desde el Ministerio de Educación no han creado un solo cargo nuevo para Especial.

La Ley Nacional de Educación en sus primeros artículos recuerda y destaca derechos constitucionales como los de enseñar y aprender; define a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social; ubica al Estado como garante insoslayable de estos. A su vez establece la obligatoriedad del nivel secundario y del nivel inicial a partir de los 4 años, lo que necesariamente implica un crecimiento del sistema educativo. La ecuación es sencilla: aumenta la obligatoriedad, aumentan lxs niñxs y jóvenes en las escuelas a lxs que se le debe garantizar la inclusión; es necesario que aumenten en la misma medida los cargos y las escuelas de nuestra modalidad. Sin embargo Santa Fe, la provincia que dice tomar como uno de los ejes de su política la inclusión socioeducativa, dispone en los hechos un congelamiento de las plantas de las escuelas especiales.

No aceptamos el “como sï”, reclamamos condiciones para que nuestra tarea se pueda llevar adelante y efectivamente se garanticen los derechos de nuestrxs alumnxs. La modalidad necesita ampliarse, se necesitan más cargos y mejores condiciones de trabajo.

En particular queremos recordar una suma de deudas pendientes que llevan más de una década:

- Existe un avance significativo de Equipos Privados en las escuelas públicas de la provincia ya que el Estado no garantiza la inclusión con cargos genuinos de docentes integradorxs. Como si esto fuera poco, lo quieren validar en la Ley de Educación Provincial.

- Tenemos una Ley Provincial bajo el N° 11.614 que posibilita a los Equipos Interdisciplinarios de la escuela Especiales realizar carrera dentro del sistema y contar con supervisiones propias, indispensables para el ejercicio profesional; esta Ley está a punto de cumplir 20 años de su sanción y que aún no entra en vigencia.

- Desde el inicio de la gestión socialista (hace casi 12 años), las distintas directoras provinciales de Educación Especial se comprometieron a garantizar la formación pública y gratuita en Estimulación Temprana. Esto que en un principio debía ser abierto y desde los Institutos Superiores públicos de la provincia, resultó en un cerrado y acotado sistema de becas por convenio con UNL para el presente año, que no resuelve el problema histórico de escalafón para garantizar traslado y titularización.

- La gran mayoría de las escuelas –no sólo especiales- no responden a los criterios de accesibilidad física.

Para sumar contradicciones, actualmente la provincia les está negando el apto en carpeta médica a docentes con discapacidad visual o auditiva.

Sabemos que no son tiempos fáciles. Que se trata de defender con firmeza nuestros derechos y los de cada uno de nuestrxs alumnxs.

Terminamos esta nota sumando otra preocupación: las autoridades ministeriales no se cansan de repetir su vocación por el diálogo; acá también vemos una importante distancia entre las palabras y los hechos: hace más de dos meses solicitamos una reunión con la Directora provincial de la modalidad; seguimos esperando una respuesta.