Como parte de informes que realizamos periódicamente los gremios estatales de la CTA Autónoma advertimos que, de 107 edificios escolares relevados -que representa a más de 200 escuelas- del departamento Rosario, el 56% registraban problemas en la conexión de gas. Además, se registraron problemas en instalaciones eléctricas y faltan las salidas de emergencia en el 80% de los establecimientos.
Ante esto, las respuestas oficiales fueron escasas y de funcionarios que no quieren hacer una lectura de la realidad. La Ministra de Educación, Claudia Balagué, adujo que no sabía qué profesionales intervinieron en el relevamiento. Si es un problema de especialistas, le preguntaríamos a la Ministra qué hace dirigiendo el Ministerio de Educación siendo bioquímica. Pero, como sabemos que no es ése el punto, decimos que lo que hay son problemas políticos, que devienen en técnicos, que requieren responsables para velar por la seguridad de las instituciones y detectar dónde están las dificultades.
En vez de desautorizar, en vez de ocultar y sancionar a quienes exponemos las situaciones que atraviesan los niños, niñas y jóvenes, y los trabajadores y trabajadoras de las escuelas, Balagué debe poner manos a la obra. Y no debe hacerlo por un antojo injustificado, como también dejó deslizar. Debe hacerlo porque este viernes la realidad nos dio la razón y dos nuevas escuelas de Rosario perdieron el servicio por una fuga de gas.
Lo dijimos, e insistimos: no hacemos catastrofismo, no es que todas las escuelas están por explotar, decimos que hay problemas graves y menores. Lo que no se puede es minimizarlos. No se pude tapar el sol con la mano.
Es fundamental que se comprenda que, además de un tema elemental de seguridad para la integridad de las personas, este es un problema de igualdad. La inclusión no es sólo meter a un chico dentro de una escuela, auto tranquilizarse con las inversiones que es obligatorio hacer, cumplir las funciones para las cuales se cobra un sueldo y desestimar las diferencias entre las infancias de una escuela y de otra. Inclusión es que se garantice que los chicos de una escuela tengan los mismos derechos que otros, reconociendo en primera instancia las fallas para poder subsanar el derecho vulnerado.
No hay especialistas que releven los sándwiches de fiambre que comen los pibes y pibas en las escuelas sin gas, mientras hace temperaturas bajas y en muchos casos en lo único que ingerirán en el día. No hay especialistas que midan la capacidad nasal para detectar el olor a gas por parte de maestras, asistentes escolares y directivos. No hay especialistas que nos expliquen tampoco cómo se huele el olor a gas en una escuela cuyas ventanas están rotas, como sucedió en uno de los casos. No hay especialistas que midan la temperatura corporal de los chicos y chicas en salones enormes sin calefacción.
Pero la carencia que más duele, Ministra Balagué, es que un gobierno que se vanagloria de su inversión en Educación y Salud priorice atacar al mensajero antes de cuidar y ocuparse de aspectos fundamentales de la integridad de la comunidad educativa. Instamos a que el gobierno entienda que la democracia se vincula con el conflicto social, con las demandas de la población y lo que debe hacer el gobierno es escuchar los reclamos populares para dar respuestas.
*Gustavo Terés, Secretario General de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma Regional Rosario y AMSAFE Rosario.