La decisión del Gobierno Nacional que, a través del ANSES, resolvió la suspensión en el pago de Planes Progresar, becas destinadas a estudiantes sin empleo o con bajos ingresos cuya finalidad es que continúen sus estudios, muestra la política de la actual gestión en contra de la educación pública.

Mientras se recorta en educación, en discapacidad y en ayuda social, el gobierno de Macri sigue sin tributarle al sistema financiero, a las grandes cerealeras y mineras que se llevan todas las ganancias a otros países.  

Garantizar la educación pública es también el acceso a ella, y con esta medida se afecta a los sectores más postergados de la sociedad, excluyéndolos de su derecho de acceder a la educación.