En primer lugar queremos señalar que la participación, para ser genuina, debe ser un proceso integral de diálogo, discusión y propuestas. Para ello, sin dudas son necesarios varios encuentros e instancias en donde los aportes construidos colectivamente puedan quedar plasmados. De lo contrario caemos en encuentros formales, en simulacros de participación en donde no somos realmente convocados a ser protagonistas en la construcción de un nuevo proyecto educativo. Como lxs actorxs fundamentales del quehacer educativo no hemos sido aún consultados. Creemos en la participación como un principio vertebrador de una educación democrática y emancipadora.

 

En el mismo sentido consideramos que la propuesta orientada al análisis de 10 derechos y al detalle de ciertos valores, no posee la mirada integral que la construcción de una Ley desde los distintos actores sociales reclama. Así quedan afuera aspectos nodales para un nuevo diseño normativo como el financiamiento, la relación pública-privada, el gobierno de la educación, etc.

 

Desde Amsafe Rosario estamos comprometidos con la defensa de una educación pública, gratuita, laica, universal, democrática, científica, intercultural, no sexista, ecológica y abierta a la diversidad; apostado al desarrollo de pensamiento crítico como una palanca indispensable para la construcción de una sociedad solidaria.

 

Nuestro país tiene una rica tradición de debates educativos que han sido un aporte a nuestra construcción como Nación. A finales del siglo XIX, más precisamente en 1884, luego de un importante debate se sancionó la Ley 1420 que sentó las bases para el desarrollo del sistema educativo nacional. Ya en el siglo pasado, en 1905 se sancionó la Ley Laínez y pocos años después desde Córdoba surgió ese profundo movimiento universitario que tuvo impacto en todo el continente que se conoció como la Reforma Universitaria. Sobre finales de los años ’50 se dio un fuerte debate sobre la educación privada que se conoció como la disputa “Laica o libre”. Ya sobre finales del siglo pasado se dieron los debates que terminaron con la sanción de las leyes de Transferencia Educativa en 1992, la  Ley Federal de Educación en 1993 y la Ley de Educación Superior en 1998, a pesar del extendido rechazo de la docencia y de buena parte de la sociedad. El proceso siguió en este siglo con la sanción de la Ley de Educación Técnica,  la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de ESI, etc.

 

En este proceso de las últimas décadas prácticamente todas las provincias sancionaron leyes propias de educación. Santa Fe fue la excepción.

 

Ahora está abierto el debate y ya hay varios proyectos presentados en la Cámara de Diputados.

 

Creemos necesario ubicar el marco en que se da la situación. Transitamos tiempos de ajuste, de reducción de los presupuestos educativos, de ataque a la escuela pública, de cercenamientos de nuestros derechos laborales. Se trata de un proceso regional y quizás México es el lugar donde esta ofensiva se ve más claramente; también allí se ve la fuerte resistencia que desarrollan docentes y estudiantes.

 

Encabezado por el Ministro Bullrich, el acuerdo de Purmamarca (enero2016) sentó las bases para avanzar en la política de ajuste y privatización de la Educación, con el consenso de todas las provincias, Santa Fe fue parte de ese acuerdo.

 

La liquidación de la paritaria nacional es la puntada final del desentendimiento del Estado Nacional del presupuesto educativo, proceso que viene de lejos y comenzó en la dictadura con la provincialización de las escuelas primarias.

 

Actualmente, los gobiernos y las clases dominantes construyen distintas estrategias para desacreditar la escuela pública, para denunciar los bajos niveles de aprendizajes y para responsabilizar a los docentes de esta situación. Así quieren legitimar el ataque a nuestras conquistas laborales y seguir favoreciendo a la escuela privada.

 

En todo el mundo la educación se ha convertido en un gran negocio; en una mercancía al alcance de los que puedan pagarla para que algunos empresarios (muchas veces con jugosos subsidios) se llenen los bolsillos. En nuestra provincia y todo el país la educación privada no ha parado de crecer en los últimos 30 años.

 

Pero insistimos en el conjunto: ataque a la escuela pública, acusaciones a los docentes, baja del presupuesto educativo, crecimiento de la escuela privada, recorte de derechos laborales.

 

El “Estatuto del Docente”, o las normativas que en cada provincia que establecen nuestros derechos conquistados luego de años de lucha, están puestos en cuestión. Desde hace años en CABA el gobierno de Macri impuso el presentismo. El año pasado en Mendoza el gobernador Cornejo (Cambiemos) lo impuso en Mendoza con el nombre de Item-Aula. Las gestiones de signo kirchnerista de Santa Cruz y Tierra del Fuego han sido quizás las que más duramente vienen avanzando sobre el salario, las jubilaciones y los derechos docentes. En Santa Fe padecemos la “tablita” de Balagué que significa un cercernamiento de nuestro derecho a la licencia por enfermedad.

 

Por otro parte debemos ubicar que padecemos en nuestro país un agravamiento de la crisis social con índices crecientes de pobreza y desocupación. Se trata de pensar un proyecto educativo para una sociedad con casi un 40% de niños y adolescentes viviendo entre la indigencia y la pobreza, con cientos de miles de jóvenes que no tienen posibilidad de acceder a un trabajo digno, con una violencia creciente de la mano de la droga y la complicidad policial.

 

Con la larga historia de discusiones y leyes educativas que tenemos por detrás, y con este marco de la crisis social y del ajuste que padecemos, queremos retomar una serie de categorías que entendemos fundamentales para el debate:

 

Escuela Pública: porque es la única base que puede garantizar la igualdad de derechos. Escuela pública como lugar común, de encuentro de personas que conviven en una sociedad que debe hacerse cada día más plural y multicultural.

Rechazamos los planteos que buscan embellecer el crecimiento de la educación privada usando el concepto absolutamente engañoso de “escuela pública de gestión privada”.

 

Escuela gratuita: entendemos que el Estado (tanto a nivel nacional como provincial) debe garantizar todos los fondos para que cualquier niñx, joven o adultx puede tener acceso real integral a su derecho a la educación. Rechazamos todo tipo de arancelamiento pero además exigimos al Estado que provea todo lo necesario para este acceso: boleto educativo, becas para estudiantes de bajos recursos, asistencia alimentaria, albergues estudiantiles donde sea necesario, etc.

Se trata de asegurar el ingreso, la permanencia y el egreso de todas las personas que desean integrarse al sistema educativo.

La mejora en las condiciones de enseñanza-aprendizaje plantean la necesidad de crear cargos y horas y de una fuerte inversión en edificios escolares.

Sin dudas es necesario un fuerte crecimiento de los presupuestos educativos, de las provincias y especialmente de la Nación. Junto con esto debe acabarse con el subsidio a las escuelas privadas.

 

Escuela Laica: no dogmática, que respete la libertad de conciencia. Se trata de retomar los orígenes de nuestro sistema educativo que con la Ley 1420 se construyó contra las imposiciones de la Iglesia.

No aspiramos a una escuela “neutral” sino una educación comprometida con los intereses de las grandes mayorías. La escuela debe desarrollar el pensamiento crítico contra toda imposición de ideas o intereses particulares vinculados a una religión o un partido.

Denunciamos la injerencia de la Iglesia que viene trabajando la implementación de la ESI. Exigimos presupuesto y cargos para que la ESI sea una realidad cotidiana en todas las escuelas.

 

Autonomía y Cogobierno: debemos apostar a democratizar el sistema educativo. Se deben crear Consejos Educativos regionales y provinciales con la participación de representantes de los distintos componentes de la Comunidad Educativa: docentes, estudiantes, padres y madres.

 

Derechos de lxs docentes: debemos avanzar en consolidar y ampliar nuestros derechos como trabajadorxs del sistema educativo. Salario, carrera docente, estabilidad laboral, sistema jubilatorio. Condiciones de trabajo sanas y seguras. Un puesto de trabajo que contemple horas frente a curso, horas para preparación de clases, horas para el trabajo interdisciplinario y la investigación, etc.  Derecho a la formación permanente integral, gratuita y en servicio.