Jonatan Herrera era un joven recordado por sus maestrxs, profesorxs y muy especialmente por su preceptor, como un entrañable alumno.

Hasta que fue conocido por todxs a partir de su fusilamiento desde tres líneas de fuego con más de 40 balas de la PAT y del Comando Radioeléctrico mientras lavaba su auto.

Para la “Justicia” no hubo intento de matarlo.

Y así fue la sentencia más que liviana para lxs pocxs acusadxs. Y sí, ¡todos los que dispararon en el brutal fusilamiento de un inocente saldrán en libertad!

En escrito de su hermana Julieta:

“Policía Gladys Galindo: absuelta por disparar en la cabeza a mi hermano. Policía Ramiro Rosales: 6 años de prisión por matar con su arma reglamentaria causando una hemorragia interna donde destruye la arteria hipogástrica de mi hermano. Policía Francisco Sosa: 3 años de prisión acusado por tentativa de homicidio. Policía Rodríguez: 3 años por tentativa de homicidio su bala fue encontrada en el cuerpo de mi hermano. Policía Jonatan Gálvez: acusado por tentativa de homicidio, fue absuelto.”

La connivencia entre Poder Judicial y poder de Policía queda explícita. El gobierno provincial es responsable.

Tomamos y nos apropiamos de  su frase en Tribunales:

Esto no termina acá, ¡esto recién inicia!

Compartimos el comunicado

COMUNICADO POR LA SENTENCIA DEL FUSILAMIENTO DE JONATAN HERRERA

Hoy, jueves 6 de abril, los jueces Curto, Alarcón y Zvala dictaron una sentencia bochornosa, que atenta gravemente la vigencia efectiva de los derechos humanos y que consagra impunidad. Gladys Beatriz Galindo, agente del Comando Radioeléctrico, acusada de homicidio calificado, fue absuelta por unanimidad. Ramiro Rosales, agente de la Policía de Acción Táctica, acusado de homicidio calificado fue condenado a sólo 6 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Francisco Javier Rodríguez, Luis Alberto Sosa y Alejandro Jonatan Gálvez, agentes de la Policía de Acción Táctica, fueron condenados a 3 años y 8 meses por abuso de armas agravado.

Estas condenas demuestran, como venimos denunciando, que la justicia de Santa Fe, y sobre todo el Ministerio Público de la Acusación, incumplieron su especial obligación de investigar de manera pronta, completa, imparcial y efectiva graves violaciones a los derechos humanos. Los hechos no han sido sancionados adecuadamente, tampoco han sido investigados  todos los delitos conexos que se cometieron para encubrir el accionar policial, incluyendo la adulteración de la escena de los hechos y de la cadena de custodia de los elementos de prueba. Asimismo, el Estado evitó sistemáticamente garantizarle a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia y la debida asistencia.

Estas condenas estuvieron preanunciadas en las reiteradas maniobras por parte de los jueces intervinientes que afectaron notablemente la publicidad del proceso judicial en curso. En primera instancia, se negó en dos ocasiones la posibilidad de transmitir la sentencia a  los familiares, allegados, organizaciones y ciudadanía interesada en el caso, desconociendo una tradición de profundo sentido democrático presente en la historia de la justicia argentina e iniciada en la trasmisión por medios públicos y privados del Juicio a las Juntas Militares y continuado en otros casos que condenaron delitos de Lesa Humanidad. Práctica repetida en nuestra ciudad en el emblemático juicio del Triple Crimen de Villa Moreno. Asimismo, la publicidad del proceso fue sensiblemente atacada al decidir dictar la sentencia en un día de paro general de actividades con las consabidas dificultades para que quienes quisieran hacerlo pudieran movilizarse hacia el Tribunal. Finalmente, los impedimentos reiterados para que los familiares y allegados pudieran ingresar a las dos pequeñas salas de audiencia dispuestas para alojarlos en ese decisivo momento, sumado a los cortes del sonido en una de ellas que impidieron la audibilidad de la lectura del fallo, corroboran y agudizan la posición del Poder Judicial santafesino ante estos casos.

A ello debemos sumar los continuos hostigamientos sufridos por la familia de Jonatan durante el proceso judicial. En los días iniciales del juicio y hoy mismo, al regreso, de esta dura y triste jornada, el colectivo que transportó a familiares y amigos de Jonatan fue interceptado por miembros de la Policía de Acción Táctica. Hechos que agravan la situación de una familia que, desde el 4 de enero de 2015, vio transformada cabalmente su vida al tener que mudarse del barrio en el que históricamente vivieron y modificar la forma de sostenerse económicamente,  por las reiteras amenazas sufridas y sin ningún tipo de protección por parte del Estado.

El caso de Jonatan Herrera evidencia prácticas policiales violentas y sistemáticas sobre pibes de sectores populares. Jonatan Herrera es una víctima de la nefasta política de seguridad de la provincia de Santa Fe,  de una justicia que niega, no investiga y garantiza impunidad.

El fallo de hoy tiene una profunda gravedad debido a que fue un caso emblemático de la lucha de las organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales, culturales y de Derechos Humanos contra la violencia institucional. El fallo de hoy habilita y garantiza que la policía siga asesinando jóvenes de sectores populares sin consecuencias. El fallo de hoy corrobora que la Justicia y el poder político santafesino permite, ampara y avala la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.    

Desde una profunda y dolorosa indignación pero con una cada vez más fuerte convicción de que aquí nada termina convocamos a todas las organizaciones sociales, partidos políticos y a la comunidad en general interesada en la búsqueda de justicia a continuar esta lucha que recién empieza. La justicia la construimos entre todos.

¡A JONATAN HERRERA LO MATÓ LA POLICÍA!

¡BASTA DE IMPUNIDAD JUDICIAL!

¡BASTA DE NEGAR LA RESPONSABILIDAD POLICIAL!

¡SEGUIREMOS EN LAS CALLES EXIGIENDO JUSTICIA!

Multisectorial Contra la Violencia Institucional