José Pedraza recibió una condena de 15 años de prisión en un juicio realizado en el 2013, en el que fue encontrado responsable de los delitos de “homicidio y tentativa de homicidio”. De este modo quedó probado que la patota que disparó contra los trabajadores tercerizados el 20 de octubre del 2010, produciendo la muerte de Mariano Ferreyra y las gravísimas heridas a Elsa Rodríguez habían sido planificadas por el propio José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria.

Ahora Pedraza ha sido beneficiado con la prisión domiciliaria.

Llamamos la atención con que el fallo favorable a Pedraza fue con voto dividido del Tribunal y sólo gracias a la participación de dos jueces subrogantes. Hacemos notar que el único miembro del Tribunal que hoy está en ejercicio, el juez Diego Barroetaveña, rechazó la prisión domiciliaria considerando que no hay razones para modificar los fallos anteriores que rechazaban el pedido de la defensa de Pedraza.

Se trata, por lo tanto, de una medida que apunta a la impunidad de quien es el máximo responsable del asesinato de Mariano Ferreyra.

Denunciamos que a pocas horas de que José Pedraza fuera beneficiado con la prisión domiciliaria, el juez federal Norberto Oyarbide dictó el sobreseimiento de los jueces Eduardo Riggi y Mariano Gonzalez Palazzo en la causa que investiga el intento de soborno con el que Pedraza intentara comprar su impunidad.

Denunciamos que del mismo modo que se le otorga a Pedraza la prisión domiciliaria se encuentran paralizadas las causas en su contra por el manejo de los subsidios ferroviarios que alcanzan también a las empresas privatizadas y a los funcionarios del anterior gobierno.

Alertamos que con los mismos argumentos que se le otorga ahora la prisión domiciliaria a Pedraza, se podrá enviar a sus casas a los genocidas presos por los crímenes de la dictadura que sustancias sus penas en cárceles comunes.

Advertimos que este grave hecho de impunidad se da en momentos que el gobierno pacta con la burocracia sindical una tregua para hacer pasar el ajuste contra los trabajadores.

Exigimos que Pedraza cumpla su condena en una cárcel común.