Por Gustavo Terés y Claudia Rivas*

Quienes estamos involucrados en la defensa de la Escuela Pública y en la lucha con el conjunto de la clase trabajadora, nos comprometimos a combatir todas las escuelas del terrorismo de estado, a luchar contra la impunidad y por la memoria, la verdad y la justicia. Hoy, nos seguimos esforzando para que la memoria ilumine el presente, de modo tal que la comprensión del pasado reciente refuerce nuestro compromiso en la lucha contra toda represión y violencia institucional y contra la limitación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y los de las minorías de nuestro pueblo.
La situación de los pueblos originarios, la persecución a los luchadores, la depredación ambiental y la situación de nuestra infancia son el más claro ejemplo del incumplimiento y la violación sistemática a los Derechos Humanos. La situación de las mujeres, con la escalada de femicidios como la expresión más trágica del patriarcado y el sostenimiento de sus márgenes de su precarización en los ámbitos laborales, habla de otro enorme desafío político y cultural.

Infancia robada
Asumir este compromiso en Derechos Humanos es saber que su defensa no se circunscribe solo al territorio nacional, sino que también tiene un claro carácter internacionalista. Las imágenes televisivas de los niños muertos, tratando de escaparle al horror de la guerra en otras latitudes, muestran solo un ínfimo porcentaje de los miles de niños y niñas que son asesinados por los gerenciadores de este sistema que no repara en el costo en vidas que conlleva.
La UNESCO señala que a partir de los conflictos armados, 28 millones de niños están excluidos de la Escuela. Ellos son las principales víctimas de la violencia y las guerras. Los conflictos de Siria, Irak y su zona, ya han producido 1 millón de niños refugiados, que en su mayoría no pueden acceder a la educación. La lucha por la paz en el mundo y la libre autodeterminación de los pueblos, nos obliga a denunciar que China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, son los productores del 90% de armas que circulan en el planeta. Pero la violencia hacia la niñez no se reduce solo a los conflictos armados.
Actualmente 6 millones de niños de menos de cinco años mueren anualmente por causas evitables. El derecho a la vida sigue vulnerado para los más chicos. La violencia y el abuso sexual, también, son otras manifestaciones de las calamidades que sufren nuestros niños, aberración donde se mezclan tanto países ricos como pobres. El asesinato de jóvenes, que se ha transformado en una tragedia en nuestra ciudad, tiene su correlato en decenas de ciudades del mundo. En este sistema, ser pobre, ser negro, o inmigrante, convierte a los niños y jóvenes automáticamente en sospechosos permanentes a los ojos de las fuerzas represivas. Solo en Rosario han sido asesinados en 2015 210 pibes, de los cuales 100 son menores de 25 años.
Sostenemos que la violencia contra los niños y niñas es una de las más grandes violaciones a los derechos humanos. En una lógica perversa, gobernantes y empresarios del mundo hoy gastan 7 veces más en seguridad que en políticas públicas que tiendan a proteger la infancia.

Apoyar la Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud
Como docentes comprometidos con la educación y la enseñanza pública, debemos apoyar la Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud promovida por organizaciones sociales. Esta debe ser tomada como una política integral, e implicar no sólo al Estado municipal, sino también al provincial y al nacional. Esta Declaración de Emergencia debe ser el punto de partida para el diseño de políticas activas (salud, educación, recreación, prevención de adicciones, acceso al primer empleo) que con un presupuesto significativo, empiecen a abordar y resolver la compleja y riesgosa situación de nuestros niños y jóvenes.
Tenemos que decirle basta a los derechos segmentados (unos para ricos, otros para pobres). Tenemos que lograr que la Declaración de Emergencia sea mucho más que una “declaración”, sino para que se destine el presupuesto necesario para desarrollar políticas para la vida.
No aceptamos este estado actual de cosas. Seguiremos en la lucha. Tenemos ideales y valores. Creemos y apostamos a una democracia plena, emancipadora, para todos y todas, que garantice la libertad, los derechos sociales y la justicia. Tenemos una mirada optimista para el futuro, porque aprendimos a través de la lucha histórica, que el protagonismo popular es el motor para que los Derechos Humanos sean una realidad efectiva, una forma de vivir la democracia.

*Gustavo Terés, es Secretario General de la CTA Autónoma de Rosario y Amsafe Rosario
y Claudia Rivas es Secretaria de Derechos Humanos de Amsafe Rosario.