Cuatro trabajadores petroleros condenados a cadena perpetua por luchar contra el impuesto al salario en una farsa judicial armada sobre la base de tortura.

El 12 de diciembre del año pasado, en un juicio armado, el Poder Judicial de Santa Cruz condenó a cuatro trabajadores petroleros -Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González- a cadena perpetua y a otros seis, a cinco años de prisión, por supuesta coacción agravada y lesiones, en la “causa (mal llamada) Sayago”.

Sin embargo, lo único que se demostró en el juicio son las torturas que sufrieron los condenados. El propio fiscal Ariel Candía reconoció que hubo apremios ilegales, pero al mismo tiempo, de manera inconcebible dijo que “darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza al testigo no implica decirle lo que tiene que decir”.

Los hechos

En el 2006, los petroleros de Las Heras reclamaban por su encuadramiento sindical en la rama petrolera, y no en la UOCRA, y así incorporarse a otro convenio con mejores escalas salariales y condiciones de trabajo.

Además, reclamaban la suba del mínimo no imponible, monto a partir del cual los asalariados pagan impuesto a las ganancias. En la Patagonia, esa situación se agrava ya que por zona desfavorable perciben salarios más elevados que la media.

Cuando la huelga y las movilizaciones llevaban 20 días, el Poder Judicial  dictó una orden contra los supuestos “cabecillas” y fue detenido el vocero de los huelguistas, Mario Navarro. Los petroleros reaccionaron marchando sobre la alcaidía a exigir su liberación y fueron brutalmente reprimidos. Este fue el origen de un verdadero levantamiento del pueblo que la policía repelió hasta con  balazos. En circunstancias por demás confusas y sin que ni siquiera en el “juicio” se pudiera establecer de donde partió un disparo, cayó muerto el policía Jorge Sayago. Fueron apresados 17 trabajadores (y varios vecinos) y acusados por desmanes y asesinato. Varias de sus viviendas fueron allanadas, aún antes de ser sometidos a declaración indagatoria, instalando la Gendarmería un clima de terror en la población.

Tras las denuncias, tres años después los petroleros acusados fueron liberados, el juicio oral fue anulado ante las evidentes irregularidades. Sin embargo los trabajadores continuaron imputados porque la Cámara de Apelación de Caleta Olivia dio lugar a una apelación del gobierno de Santa Cruz para que siguiera el juicio. Quedó claro que el gobierno provincial está totalmente involucrado.

Durante seis años en que transcurrió esta farsa judicial, el gobierno nacional hizo silencio absoluto frente a un Poder Judicial que puso en evidencia, una vez más, que está sometido a los intereses empresarios. A comienzos de este año la Presidenta CFK fue más lejos y utilizó la cadena nacional para legitimar la condena producto de la farsa judicial.

Hoy la apelación fue tomada por la Corte Suprema de Santa Cruz que debe dictar la sentencia definitiva.

Esa costumbre de criminalizar

La represión, la persecución a los luchadores y la judicialización de las luchas son herramientas a las que el gobierno nacional y todos los sectores del poder recurren de manera creciente. Ya son más de 7000 los compañeros procesados en todo el país.

También en la provincia de Santa Cruz cinco trabajadores estatales afiliados a ATE están detenidos desde hace casi un año.

En este proceso nacional la condena a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras es el hecho más dramático y reclama una respuesta contundente.

Desde el Comité por la Absolución de los Trabajadores de Las Heras llamamos a los trabajadores y sus representaciones gremiales, a los organismos de Derechos Humanos, a fortalecer la campaña para exigir la absolución de todos los condenados. Y realizar una campaña nacional por la difusión y denuncia de la aberración que significa que se toleren delitos de lesa humanidad como son las torturas para arrancar confesiones.

- Absolución de los petroleros de Las Heras

- Libertad a los 5 trabajadores afiliados a ATE detenidos en Santa Cruz desde noviembre de 2013

- Desprocesamiento de los más de 7000 luchadores judicializados

- Libertad a todos los presos procesados por causas políticas, sindicales y sociales

- Basta de represión a los que luchan