Concretamente, la propuesta busca la modificación de los regímenes de licencia mediante un artículo que establezca que “en los casos en los que la empleada o empleado público, víctima de violencia de géneros deba ausentarse por tal motivo de su puesto de trabajo, esta inasistencia sea total o parcial, contará con la debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas de violencia de géneros, los que evaluarán las condiciones y tiempo de la referida licencia. Asimismo, el personal víctima de violencia de géneros, para hacer efectiva su protección o su derecho a ser asistido integralmente, tendrá derecho a la reducción de la jornada o a la reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de origen del mismo, mediante la certificación pertinente acreditativa del hecho”.

Esta iniciativa apunta a reconocer que la violencia de género no es una enfermedad ni un asunto particular sino que es una manifestación cultural, estructural, creciente, de desigualdad y poder en la que, si bien hubo avances en la legislación Nacional y Provincial tendientes a erradicarla, aún el Estado tiene profundos vacíos legales para dar respuesta.

En este sentido, se busca por un lado, el reconocimiento de un derecho laboral no contemplado como tal; y por otro se pretende generar instancias de políticas públicas, observatorios de estadísticas oficiales e índices de femicidios, para el correcto diseño de políticas públicas integrales indispensables para poder prevenir y asistir a las víctimas de violencia de géneros, posibilitando la atención psíquica, física y legal de cada trabajadora o trabajador del Estado víctima de violencia.

Actualmente, las trabajadoras afectadas por situaciones de violencia recurren a licencias inespecíficas (en muchos casos, Art. 60) para poder tener el tiempo para recuperarse de las agresiones, iniciar acciones legales, recurrir a atención psicológica y jurídica o acceder a contención afectiva. Esas licencias inespecíficas –una de ellas es la licencia con carpeta psiquiátrica, por ejemplo– terminan resultando una pesada carga para las propias trabajadoras. En el caso de la violencia ejercida por sus ex parejas o padres de sus hijos, por ejemplo, al enfrentarse judicialmente por la tenencia de los y las hijas, el hecho de haber recurrido a esa licencia psiquiátrica les trae consecuencias y complicaciones legales.

La provincia de Santa Fe tiene una de las tasas más altas de denuncias telefónicas, judiciales y también un altísimo número de víctimas fatales de femicidios. En la región, es clave la lucha que organizaciones sociales de diversa procedencia llevan adelante por visibilizar este triste fenómeno: uno de los hitos de esa lucha fue la aprobación hace dos años de la Declaración de Emergencia en materia social en violencia de género en el Municipio de Rosario.

La iniciativa se está impulsando desde Amsafe Rosario, ATE Rosario, Coad Siprus y CTA Rosario.

Fuentes:

www.notas.org.ar

www.ctarosario.org.ar