Ante los reclamos de Pueblos Originarios y de trabajadores estatales, el gobierno de Chaco respondió con una tremenda represión ejecutada brutalmente por la policía, encerrando prácticamente a los manifestantes en la plaza donde se desarrollaba la protesta. El saldo de semejante golpiza fue la detención de varios trabajadores, centenares de compañeros heridos, dos de ellos en estado de gravedad.

Se ha intensificado la política represiva e intimidatoria desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Ante cada exigencia popular ya sea salario, tierras o condiciones dignas de vida, se impone una respuesta represiva, con golpes, gases y apertura de juicios para los luchadores.

También en La Rioja

Así está ocurriendo también en Chilecito, La Rioja, donde un grupo de compañeros docentes son procesados tan sólo por defender a la rectora de la Escuela Normal, sumariada por apoyar la huelga docente en su provincia.

Integrantes de organizaciones de Derechos Humanos se hicieron presentes para dar su apoyo y exigir la nulidad del juicio.

Desde otros lugares de poder, la conducción nacional del SMATA por ejemplo, intenta fustigar y desprestigiar a los delegados que provienen de corrientes de izquierda, que en defensa de sus puestos de trabajo tomaron la fábrica en GESTAMP. Representativo de esto son las palabras de Pignanelli, secretario general del SMATA, que en un tono desembozado y a todas luces reaccionario demonizó a los delegados culpabilizándolos del conflicto, defendiendo así a las patronales que despiden trabajadores. Pidió la presencia de Berni y Gendarmería en la puerta de la fábrica para asegurar la vuelta a la producción aún sabiendo que la empresa no cumplía con la conciliación obligatoria determinada por el Ministerio de Trabajo. Esto y el pedido de la presencia de gendarmería en la fábrica son la expresión de cómo los jerarcas sindicales, que día a día pierden representatividad, necesitan de las fuerzas represivas para hacer cumplir el modelo económico, impuesto por el gobierno nacional y al que adhieren los gobiernos provinciales.

Desde Amsafe Rosario, defendemos el legítimo derecho de todos los trabajadores.

Nos solidarizamos con todas las luchas populares y exigimos, como siempre, investigación y castigo a los culpables de la represión desatada en Chaco, nulidad del juicio a los compañeros docentes de Chilecito.