Una primera reflexión sobre la crisis en nuestra obra social

La reanudación del servicio de nuestra obra social después de un mes de corte fue un acuerdo entre patronales. IAPOS y las prestadoras arreglaron sus cuentas a espaldas de quienes sostenemos la obra social.

Se destrabó una situación que tuvo como consecuencia que las personas afiliadas tuvieran que hacer frente a gastos de salud en muchos casos inabordables.

Sin embargo, no se puede evaluar el daño ocasionado en el corte de servicio solamente en términos materiales. La interrupción de la atención médica implicó un costo emocional para quienes no pudieron seguir, por ejemplo, tratamientos de alta complejidad.

También significó la postergación de la atención y controles, lo que representa una franca vulneración al derecho a la salud que incluye la prevención de la misma.

Esta situación fue inédita, pero venimos denunciando desde hace años la deficiencia de la cobertura prestacional de IAPOS en relación a turnos, prótesis y órtesis y el cobro ilegal del plus médico. También hace años venimos denunciando el achicamiento del vademécum y la irregularidad de las auditorías al momento de autorizar medicamentos.

Nos preguntamos ¿qué pasó con nuestros aportes de ese mes que no tuvimos contraprestación? Hay que sumar también los miles y miles que además del aporte obligatorio realizan el solidario ¿Cómo se reintegrarán los gastos ocasionados?

Desconocemos porque no hay transparencia en el funcionamiento del IAPOS. Es necesario que quienes sostenemos la obra social tengamos acceso a los convenios que se firman con las empresas de salud y participación en el control de la administración de los fondos.

El atraso en la recomposición salarial y el incremento cada vez mayor de precios de insumos médicos llevan a un cuello de botella que hace sospechar que esta situación se convertirá en un escenario frecuente.

Debemos organizarnos para exigir al gobierno salarios y jubilaciones dignas. Rechazamos toda cifra que no sea remunerativa y bonificable, las “sumas en negro”, además de ser ilegales contribuyen al desfinanciamiento de nuestra obra social. No queremos volver a ser rehenes de situaciones que se puedan presentar a futuro.

Sumemos fuerzas entre los distintos sectores estatales provinciales para frenar esta avanzada. La salud es un derecho, no un negocio.