Media sanción de la Ley Omnibus. Un ataque a la educación pública.

Plan de lucha contra la motosierra educativa de milei.

06 de Febrero

Desde Amsafe Rosario rechazamos la “ley Ómnibus” presentada por el gobierno nacional. Se trata de un texto sumamente amplio que propone la modificación o derogación de más de 300 leyes que, entre otras cosas, ataca a la educación pública, a nuestros derechos como docentes y al sistema de jubilaciones.

Este proyecto de ley se suma al tremendo ataque al salario y las jubilaciones que significó la devaluación y demás medidas económicas lanzadas por el Ministro Caputo y al DNU 70/2023 que -entre otras cosas- pretende desconocer nuestro derecho constitucional a la huelga bajo el eufemismo de declarar a la educación un “servicio esencial”. En esta declaración, se intenta prohibir el derecho huelga. Lxs docentes sabemos muy bien, que si hay algo por lo cual se ha puesto un límite a las políticas educativas de los diferentes gobiernos que atentaban contra la educación, ha sido porque nos hemos organizado y salimos a luchar, para defender la escuela pública.

Veamos con atención los siguientes puntos:

Sobre formación y funciones docentes:

En el artículo 544 del proyecto de la ley ómnibus se sustituye el artículo 69 de la Ley de Educación Nacional por otro que establece que la formación estará en función de la evaluación docente continua, que “será una de las dimensiones básicas tanto para el ingreso a la docencia cuanto para el ascenso en la carrera profesional”. Esa evaluación se haría en función de un nuevo marco reglamentario diseñado no sólo por organismos estatales, sino también por entidades profesionales, académicas y organismos de la “sociedad civil” (patronales).

La formación docente atada a una evaluación punitiva introduce una reforma laboral de hecho, lo que se establece con la modificación del actual artículo 76 de la Ley 26.206.

Para ingresar a la docencia se deberá aprobar un examen “que certifique las capacidades y conocimientos adquiridos” y lxs docentes -incluso en cargos titulares- cada cinco años deberán rendir una evaluación para “revalidar las capacidades y conocimientos”. Es evidente que lo que se busca es cuestionar nuestros saberes y así hacernos cargo de la crisis educativa que generaron los sucesivos gobiernos.

El tema es muy grave porque por esta vía se borra de un plumazo la estabilidad laboral establecida para los docentes titulares, abriendo la puerta para desterrar luego demás derechos conquistados.

Para ambas situaciones, la modificación del artículo 78 de la LEN establece que sólo “la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, establecerá los criterios para la evaluación y revalidación de los docentes del sistema educativo”, dejando taxativamente fuera de cualquier control a los gremios docentes.

También se establecen los criterios básicos, tanto para el desempeño en el aula como fundamentalmente para la función directiva y de supervisión a la cual se accederá en base a la formación aquilatada por la absorción de los criterios reaccionarios definidos en la nueva formación docente. Esto garantiza una separación estratégica de la carrera profesional, entre el docente de “guardapolvo” y el jerárquico, que actuará como un verdadero CEO educativo.

Sobre las cooperadoras:

Se permite que las cooperadoras escolares recauden particularmente a través de empresas que actúen como sponsors públicos, a cambio de contrapartidas, algo terminantemente prohibido en la normativa anterior. Esto habilitaría a empresas a realizar acciones promocionales en las escuelas y que esto se convierta en una fuente de financiamiento directo de la educación en manos de capitalistas. Esta avanzada, -promovida además por el desfinanciamiento educativo en base a un presupuesto que prorroga el del año 2023- será una enorme presión sobre las escuelas, que se verán crecientemente obligadas a aceptar financiamiento empresarial, con los nocivos condicionamientos de todo orden que ello implica para la educación.

Evaluaciones a estudiantes:

El artículo 548 del proyecto establece que son objeto de evaluación, mediante pruebas estandarizadas, todas las variables del sistema educativo, tanto las que involucran a la docencia cuanto a los estudiantes y sus condiciones sociales. Pero además define que los resultados de estas serán de conocimiento público, eliminando el resguardo de los resultados que involucran a docentes e instituciones educativas, para que los padres tengan “acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos”, es decir, para mantener o retirar a las/los alumnos de la escuela y/o exigir cambios o sanciones para los docentes evaluados. Este es uno -no el único- de los principales pilares de las escuelas voucher.

Además, la evaluación de los alumnos contará con la instauración de un examen de egreso del nivel secundario que será obligatorio, información a la cual tiene también derecho de conocer el alumno y recibir una certificación del resultado.

Educación a distancia:

Otra modificación clave en la desintegración de la educación pública es la modificación del artículo 109 de la LEN, por medio de la cual se habilita la educación a distancia desde el segundo ciclo de la educación primaria, “como alternativa a la educación presencial, que podrán impartirse en las distintas modalidades educativas”. Esta apertura a la educación a distancia, es un golpe muy fuerte a la educación pública, obligatoria y gratuita. Desprecia el aprendizaje social del conocimiento y el lugar de la escuela en la socialización y en la posibilidad de garantizar derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades que es por lo que deberían preocuparse en lugar de propiciar posibilidades individuales, mercantilización y privatización de la educación mediante negocios de empresas y plataformas virtuales aumentando las desigualdades tal como lo demostró la pandemia.

Compañerxs:

Lxs docentes, la comunidad educativa y el movimiento estudiantil, tenemos que organizarnos y desenvolver un plan de lucha para frenar este ataque contra la educación pública, y junto al conjunto de los trabajadores derrotar al DNU y al proyecto de ley ómnibus del gobierno.