El decreto busca derogar un conjunto de leyes que expresan conquistas históricas de lxs trabajadorxs y de nuestro pueblo. La jornada de 8 horas, la estabilidad laboral, el derecho a realizar actividades gremiales y hasta el propio derecho de huelga aparecen claramente cercenados o directamente anulados.
 

Desprecian a la escuela pública y no hablan de la educación como un derecho de nuestro pueblo sino como un “servicio esencial” para prohibirnos la posibilidad de realizar medidas de fuerza.
 

De conjunto el decreto busca imponer cambios estructurales profundos con el objetivo de favorecer a los sectores más concentrados de la economía y el capital extranjero para que sigan aumentando su poder y sus ganancias por sobre las necesidades y los derechos de las grandes mayorías: trabajorxs, jubiladxs, inquilinxs, estudiantes, etc.
 

Para avanzar con su política el gobierno pretende desconocer las más elementales reglas del juego institucional. No hay ninguna “urgencia” que justifique el decreto; lo que hay es una definición autoritaria de no dejar espacio para ningún cuestionamiento como si no estuviéramos en democracia.
 

Esta lógica autoritaria de ajuste contra el pueblo se ve reforzada por otro instrumento ilegal y anticonstitucional: el protocolo contra las protestas de la Ministra Bullrich.
 

Llamamos a toda la docencia a debatir y ponerse de pie contra estas medidas.
 

Reclamamos a la Ctera y las centrales sindicales la convocatoria urgente a un gran Paro Nacional a esta andanada de ataque a lxs trabajadorxs